La capital peruana y su vecina provincia del Callao amanecieron bajo un nuevo estado de emergencia, una medida que busca contener la creciente ola de violencia que azota a la región. Esta es la tercera vez en menos de dos semanas que el gobierno recurre a esta herramienta, desde que el Congreso otorgó plenos poderes al mandatario interino tras la destitución de su predecesor, envuelto en un escándalo de corrupción que puso fin a su breve gestión de cuatro meses.
Aunque las declaratorias anteriores también buscaban frenar la inseguridad, los resultados han sido limitados. Incluso durante el gobierno anterior, que implementó medidas similares, los índices delictivos no mostraron mejoras significativas. La situación actual refleja una crisis que parece agravarse: Perú cerró el año pasado con la tasa de homicidios más alta de los últimos años, alcanzando 10.7 casos por cada 100 mil habitantes, un incremento respecto a los 10.1 registrados en 2024. En Lima y Callao, los números son aún más alarmantes, con tasas de 23.1 y 22.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente, cifras que duplican el promedio nacional.
La decisión de declarar el estado de emergencia implica el despliegue de fuerzas militares y policiales en las calles, con facultades ampliadas para realizar operativos, allanamientos y detenciones sin orden judicial en casos de flagrancia. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas, aunque necesarias en el corto plazo, no abordan las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
En las últimas semanas, los ciudadanos han reportado un aumento en asaltos, extorsiones y ajustes de cuentas, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, Comas y Villa El Salvador, donde la presencia del crimen organizado es más visible. Las autoridades han prometido redoblar esfuerzos, pero la desconfianza en las instituciones persiste, alimentada por casos de corrupción y la percepción de impunidad.
Mientras tanto, la población vive en un clima de zozobra. Vecinos de zonas vulnerables han organizado rondas ciudadanas para protegerse, y muchos evitan salir de noche por temor a ser víctimas de la delincuencia. La situación ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la necesidad de reformas profundas que vayan más allá de las medidas de emergencia.
El gobierno interino ha asegurado que esta vez la estrategia será diferente, con un enfoque en inteligencia policial y coordinación entre las distintas fuerzas del orden. No obstante, la historia reciente de Perú en materia de seguridad sugiere que, sin cambios de fondo, las soluciones temporales podrían quedarse cortas frente a un problema que parece enquistado en la sociedad.
