El panorama político en América Latina ha dado un giro notable en los últimos meses, con un avance significativo de fuerzas conservadoras que ha encendido las alarmas entre activistas y expertos en derechos humanos. Los triunfos electorales de figuras como José Antonio Kast en Chile, Nasry Asfura en Honduras y Laura Fernández en Costa Rica han reconfigurado el mapa ideológico de la región, generando inquietud por el posible retroceso en los avances logrados por las mujeres en las últimas décadas. Aunque estos gobiernos aún no han implementado políticas concretas que reviertan las conquistas sociales, el simple cambio de dirección en el discurso político ya ha despertado escepticismo sobre el futuro de la igualdad de género.
En contraste, México ha dado pasos firmes en la dirección opuesta. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia marcó un hito no solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo, sino por las acciones inmediatas que impulsó para consolidar los derechos femeninos. Entre sus primeras medidas, respaldadas por el Congreso, destacan reformas clave: el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las mujeres, la garantía de igualdad salarial frente a los hombres y la obligación de que las fiscalías investiguen los feminicidios con perspectiva de género. Estas iniciativas, aunque aún en fase de implementación, representan un contrapeso a la tendencia regional y refuerzan la idea de que, incluso en contextos adversos, es posible avanzar en la agenda de equidad.
Mientras algunos países debaten el rumbo de sus políticas públicas, en las calles la lucha por los derechos de las mujeres sigue más viva que nunca. En Bolivia, el Día Internacional de la Mujer se conmemoró con una mezcla de resistencia y celebración. En varias ciudades, miles de personas participaron en maratones de ocho kilómetros abiertas a todas las edades, mientras que en otras se organizaron carreras de tacones, un gesto simbólico que combinó el esfuerzo físico con el reconocimiento al empoderamiento femenino. Lo más llamativo fue la masiva participación en pueblos pequeños, donde las manifestaciones públicas —antes poco comunes— se multiplicaron, demostrando que la conciencia de género trasciende las grandes urbes y se arraiga en comunidades históricamente marginadas.
Sin embargo, detrás de estos avances persisten cifras que revelan una realidad cruda. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en lo que va de 2024 al menos 3,828 mujeres han sido víctimas de feminicidio o muertes violentas en la región. El dato, escalofriante por sí mismo, adquiere mayor gravedad al contrastarlo con los esfuerzos institucionales. Aunque 87 países han promulgado leyes contra la violencia doméstica y más de 40 han reforzado la protección constitucional de mujeres y niñas en la última década, los obstáculos para acceder a la justicia siguen siendo abrumadores.
Un informe reciente de ONU Mujeres subraya que, pese a los marcos legales existentes, la estigmatización, la culpabilización de las víctimas, el miedo a denunciar y la desconfianza en las instituciones continúan perpetuando la impunidad. Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales o comunidades indígenas, desconocen los mecanismos de protección o temen represalias al acudir a las autoridades. Este círculo vicioso no solo normaliza la violencia, sino que envía un mensaje peligroso: que los derechos en el papel no siempre se traducen en seguridad real.
El desafío para América Latina es claro: transformar las leyes en acciones concretas y garantizar que los avances no sean efímeros. Mientras algunos gobiernos retroceden en el discurso, la sociedad civil —con sus protestas, sus carreras simbólicas y su exigencia de justicia— demuestra que la lucha por la igualdad no se detiene. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones estarán a la altura de ese clamor.




























