Guatemala vive días cruciales para su sistema de justicia, con decisiones que podrían marcar el rumbo del país en los próximos años. En medio de un clima de alta tensión política, el presidente Bernardo Arévalo reveló este martes que mantiene consultas con autoridades estadounidenses tras recibir información preocupante: la embajada de Estados Unidos en el país estaría presionando para que se elijan como magistrados de la Corte de Constitucionalidad a candidatos con cuestionamientos éticos. Entre ellos destaca Roberto Molina Barreto, actual magistrado constitucional cuyos fallos han sido señalados por favorecer a narcotraficantes y pandillas, y que incluso fue candidato a vicepresidente junto a Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt.
Arévalo no se limitó a denunciar estas presiones. En un mensaje dirigido a la Corte Suprema y al Congreso, el mandatario hizo un llamado urgente a los diputados para que ejerzan su voto “con responsabilidad y dignidad”, con el objetivo de poner fin a la corrupción y al crimen organizado que, según él, han infiltrado las instituciones judiciales. El Congreso tiene previsto elegir este martes a los magistrados que lo representarán en la Corte de Constitucionalidad, un órgano clave en la estructura del Estado. Sin embargo, varios legisladores de derecha, algunos de ellos sancionados internacionalmente por presuntos actos de corrupción, podrían inclinar la balanza hacia figuras controvertidas.
Este año no solo se renuevan los diez magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, sino también el fiscal general, cinco jueces del Tribunal Supremo Electoral y otros cargos fundamentales. Pero son los cambios en la Corte de Constitucionalidad y en la Fiscalía General los que han generado mayor alarma entre la comunidad internacional. Tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea han desplegado misiones de observación para garantizar que los procesos sean transparentes y que los candidatos seleccionados cumplan con los estándares de idoneidad. La preocupación no es menor: la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal del país, sus decisiones son inapelables y no existe un mecanismo de control externo sobre sus fallos.
Según la Constitución guatemalteca, los magistrados de este tribunal deben ser elegidos por diferentes instancias: el presidente, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Universidad de San Carlos y los colegios profesionales. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por acusaciones de tráfico de influencias y negociaciones oscuras. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia anunció este martes la reelección de Dina Ochoa y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistradas titular y suplente, respectivamente. Ambas ya ocupaban esos cargos, pero su gestión no ha estado exenta de polémica. Ochoa, por ejemplo, se opuso a la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que investigaba casos de corrupción, y también respaldó la decisión de cancelar el partido que llevó a Arévalo al poder.
El escenario actual refleja una lucha de poder entre sectores que buscan mantener el statu quo y aquellos que, como el presidente Arévalo, prometen reformas profundas. La designación de los nuevos magistrados no solo definirá el futuro de la justicia en Guatemala, sino también la capacidad del país para combatir la impunidad y el crimen organizado. Con la mirada puesta en estos comicios, la sociedad guatemalteca espera que las instituciones actúen con transparencia y que los elegidos respondan al interés público, no a intereses particulares. De lo contrario, el riesgo de que la corrupción siga carcomiendo las bases del Estado será aún mayor.
