En Minnesota, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, ha abierto una investigación que podría llevar a cargos penales contra agentes federales, entre ellos el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Durante una conferencia de prensa, Moriarty reveló que su oficina analiza 17 casos vinculados a operativos realizados en la zona metropolitana de Minneapolis-St. Paul, donde se registraron presuntas violaciones a los derechos de manifestantes y civiles.
Uno de los episodios más cuestionados ocurrió el 21 de enero, cuando Bovino habría lanzado una lata de gas lacrimógeno contra un grupo de protestantes. Otro incidente, registrado el 7 de enero, involucró a agentes federales que realizaron un arresto frente a una escuela secundaria, utilizando irritantes químicos en un área donde había estudiantes y personal educativo. “No tenemos miedo a enfrentar esta batalla legal y estamos decididos a actuar con justicia”, declaró Moriarty, quien calificó como “daño incalculable” el impacto de la *Operación Metro Surge* en la comunidad.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional —encargado de supervisar las políticas migratorias— respondió con firmeza, argumentando que los estados no tienen autoridad para procesar a agentes federales que actúan en el ejercicio de sus funciones. En un comunicado emitido la noche del lunes, la dependencia advirtió que tales intentos son “ilegales” y recordó que, según la ley, los funcionarios federales gozan de inmunidad frente a demandas estatales. Además, sugirió que las acciones de las autoridades locales podrían haber puesto en riesgo la seguridad de los agentes.
Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de Bovino, quien se ha convertido en una figura central en las estrategias de control migratorio implementadas durante el gobierno anterior. Su participación en operativos en Minnesota ha sido objeto de críticas, especialmente por el uso de tácticas consideradas excesivas. Testigos y registros documentan casos en los que agentes habrían empleado fuerza desproporcionada, como arrojar a personas al suelo, romper ventanas de vehículos y utilizar armas químicas sin justificación aparente. Estos hechos, según la fiscalía, podrían configurar delitos como agresión o daños a la propiedad.
La investigación de Moriarty no es la primera en cuestionar las prácticas de las fuerzas federales en la región. Durante los últimos años, activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado un patrón de abusos en operativos migratorios, donde se priorizó la detención masiva de personas, incluso en contextos sensibles como escuelas o protestas pacíficas. En varias ocasiones, los agentes habrían acorralado a manifestantes que grababan los arrestos o hacían sonar silbatos en señal de alerta, acciones que, según los afectados, buscaban intimidar y silenciar la disidencia.
Mientras el debate legal se intensifica, la comunidad sigue dividida. Por un lado, hay quienes respaldan la investigación, argumentando que ningún funcionario, sin importar su rango, debe estar por encima de la ley. Por otro, defensores de las políticas migratorias más estrictas insisten en que los agentes actuaron dentro de sus facultades para mantener el orden. Lo cierto es que, más allá de las posturas políticas, los casos revisados por la fiscalía podrían sentar un precedente en la relación entre autoridades estatales y federales, especialmente en un tema tan polarizado como la migración.
La oficina de Moriarty ha habilitado canales para que la ciudadanía reporte incidentes similares, en un esfuerzo por documentar posibles abusos y garantizar transparencia. Aunque el camino legal parece complejo —dada la inmunidad que ampara a los agentes—, la fiscal ha dejado claro que su prioridad es la rendición de cuentas. “No permitiremos que el miedo o la presión nos detengan”, aseguró. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene su postura: cualquier intento de procesar a sus funcionarios será impugnado con todos los recursos disponibles.
