La política y empresaria del arte, Claudia Cuevas, denunció en un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales que ha sido víctima de una vigilancia constante durante las últimas tres semanas. Según su testimonio, tanto su domicilio particular como su galería de arte han sido objeto de un monitoreo que, asegura, va más allá de lo rutinario y responde a intereses políticos. En un tono cargado de preocupación, Cuevas advirtió que esta situación la ha llevado a temer por su integridad física y la de su entorno, sin descartar que pueda tratarse de una estrategia para intimidarla.
En su declaración, la exfuncionaria no dudó en señalar directamente a dos figuras clave de la política local: el diputado Ricardo Monreal y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Cuevas los acusó de estar detrás de una campaña orquestada para vincularla falsamente con grupos de la delincuencia organizada, utilizando el polémico término de “narcopolítica” como arma política. “No es casualidad que, justo cuando alzo la voz, aparezcan estas acusaciones infundadas”, afirmó, dejando en claro que ve en estas acciones un intento por desacreditarla y silenciarla.
La empresaria fue enfática al negar cualquier relación con líderes delictivos detenidos en operativos recientes, una acusación que, según ella, forma parte de una estrategia para manchar su reputación. “Nunca he tenido contacto con el crimen organizado, ni directa ni indirectamente. Mi trayectoria habla por sí misma”, declaró, subrayando que su carrera en el ámbito cultural y político ha estado siempre al margen de cualquier actividad ilícita. Cuevas recordó que, hasta hace poco, su postura hacia el gobierno federal era distinta: en enero pasado, había elogiado públicamente la labor del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, llegando incluso a sugerir que su perfil podría ser idóneo para una futura candidatura presidencial.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido a la solicitud de protección que Cuevas presentó ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La falta de una postura oficial deja en el aire preguntas sobre si el Estado actuará para garantizar su seguridad o si, por el contrario, la situación quedará en un limbo que podría agravarse. Mientras tanto, la empresaria ha insistido en que no piensa retroceder, pese a las presiones. “No me callarán. Seguiré defendiendo lo que creo justo, aunque eso implique enfrentar a quienes buscan desprestigiarme”, sentenció en su mensaje.
El caso de Cuevas pone sobre la mesa una vez más los riesgos que enfrentan quienes, desde la política o el activismo, desafían a figuras con poder. La vigilancia, las acusaciones sin fundamento y la falta de respuestas institucionales dibujan un escenario de vulnerabilidad que, en un contexto de polarización y violencia, adquiere tintes aún más preocupantes. Lo que está en juego no es solo la seguridad de una persona, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, especialmente cuando estos denuncian posibles abusos de poder. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta dónde puede llegar esta persecución y qué tan dispuestas están las autoridades a intervenir?
