En un mensaje dirigido a medios de comunicación durante su visita a Zapopan, la mandataria federal subrayó los avances en materia de seguridad logrados gracias a la estrecha colaboración entre su gobierno y las autoridades estatales de Jalisco. La coordinación, aseguró, ha sido clave para implementar estrategias efectivas que han comenzado a dar resultados tangibles en la reducción de la violencia en la entidad.
Los datos presentados durante el encuentro revelan una tendencia alentadora: los homicidios dolosos en Jalisco han registrado una disminución significativa. Según cifras oficiales, en septiembre de 2024 el estado registraba un promedio de 4.80 asesinatos diarios, una cifra que para enero de 2026 se redujo a 2.55 casos por día. Esto representa una baja del 47 por ciento, un logro que las autoridades atribuyen a operativos conjuntos, mayor inteligencia policial y un enfoque integral en la prevención del delito.
Pero los avances no se limitan a los homicidios. Los delitos de alto impacto —aquellos que generan mayor alarma social, como secuestros, extorsiones y robos violentos— también han mostrado una reducción notable. En septiembre de 2024, el promedio diario de estos ilícitos era de 41.93 casos, mientras que en enero pasado la cifra descendió a 31.58, lo que equivale a una disminución del 25 por ciento. Este descenso, aunque menos pronunciado que el de los homicidios, refleja un cambio en la dinámica delictiva que las autoridades celebran como un paso en la dirección correcta.
El gobierno federal ha destacado que estos resultados son fruto de un trabajo sostenido, que incluye la modernización de corporaciones policiales, la inversión en tecnología para el combate al crimen organizado y la participación activa de la ciudadanía en esquemas de denuncia y prevención. Sin embargo, también reconocen que el camino por recorrer sigue siendo largo, especialmente en regiones donde la violencia persiste con mayor intensidad.
Jalisco, uno de los estados con mayor incidencia delictiva en años anteriores, se ha convertido en un caso de estudio para evaluar la efectividad de las políticas públicas en seguridad. Aunque las cifras actuales son alentadoras, las autoridades insisten en que el objetivo no es solo reducir los números, sino garantizar que las comunidades recuperen la tranquilidad y la confianza en las instituciones. Para ello, se han reforzado programas sociales que buscan atacar las causas estructurales de la violencia, como la falta de oportunidades y la desigualdad.
A pesar de los avances, el panorama no está exento de desafíos. Sectores de la sociedad civil y analistas en seguridad han señalado que la reducción de delitos debe ir acompañada de una mayor transparencia en el manejo de datos y de mecanismos que permitan evaluar el impacto real de las estrategias implementadas. Además, persisten preocupaciones sobre la impunidad en casos de alto perfil y la capacidad de las fiscalías para investigar y sancionar a los responsables.
En este contexto, las autoridades han reiterado su compromiso de mantener el rumbo, ajustando las estrategias según sea necesario y fortaleciendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno. La mandataria federal, en particular, hizo un llamado a no bajar la guardia, subrayando que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere del esfuerzo conjunto de instituciones, sociedad y sector privado.
Mientras Jalisco celebra estos primeros resultados, el resto del país observa con atención. Si las tendencias se mantienen, el estado podría convertirse en un referente de cómo la colaboración intergubernamental y un enfoque multidimensional pueden transformar realidades marcadas por la violencia. No obstante, el verdadero examen estará en la capacidad de sostener estos avances en el mediano y largo plazo, asegurando que las cifras no sean solo un respiro temporal, sino el inicio de una transformación duradera.
